"Almudena se queda. Almudena se queda" grita una treintena de vecinos del barrio malagueño de Hacienda Cabello en apoyo a Almudena García. Reside en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) de la zona desde hace 23 años de la que será desahuciada el próximo martes, 17 de marzo. Con ella vive su marido, Javier Torres, quien sufre de esquizofrenia, una grave enfermedad mental que alterna su percepción de la realidad.
Este inmueble fue concedido, en febrero de 2003, a la madre de Javier, y suegra de Almudena, a la que llamaremos R.T. por respeto a su intimidad, que desde el primer día contaba, feliz, que "a Javi le ha tocado una vivienda [de Protección Oficial]". "Ella decía que la casa era de su hijo y mía", cuenta Almudena, quien apostilla que su suegra "nunca vivió aquí": sólo unos meses en 2021, antes de que todo explotara.
Almudena explica que su suegra ha vivido "siempre" con su madre, cuidándola. Primero en una casa mata y luego en un piso, que puso a su nombre. Algo que corroboran los hermanos de R.T., Antonio y Ángeles, que trasladan a Universitas su incomprensión por la actitud de su pariente, con quien llevan 15 años sin hablarse por disputas familiares.
Tras el fallecimiento de su madre, R.T. "malvendió" el piso en el que residían por "unas deudas que tenía", razón por la que Almudena y su marido la acogieron. "Llegó queriendo echarnos", rememora antes de añadir que "decía que por qué no estaba empadronada en la casa, donde no ha vivido nunca".
Unos meses después, tras irse voluntariamente, según relata Almudena, R.T. la denunció por, presuntamente, ser una "okupa ilegal" en una casa que "siempre dijo que era nuestra y que llevo pagando desde el primer día".
Estos pagos los hacía en nombre de su suegra, por lo que, a efectos legales, no los ha hecho Almudena, sino su suegra –aunque, como apuntala un compañero de trabajo de Almudena, podría demostrarse que proceden de la cuenta bancaria de esta–.
Por este motivo, los pagos del alquiler de la VPO se paralizaron en 2021 por recomendación de un abogado. "No es que no quiera pagar", explica al tiempo que reconoce haber sufrido problemas económicos durante estos años.
Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga ha determinado su desahucio, que tendrá lugar el próximo martes 17 de marzo, aunque Almudena lo ha apelado argumentando que los servicios de luz y agua están a su nombre y quienes están empadronados son ellos, por lo que no se trataría de una okupación ilegal.
Almudena, de la mano de sus vecinos y de la plataforma Un Techo por Derecho, piden al Ayuntamiento que paren el desahucio y que, "si me tengo que ir, que me den una alternativa habitacional que no sea irme a un albergue".
Además, recuerdan que en ese piso viven dos personas en situación de vulnerabilidad: Javier, marido de Almudena, que padece de esquizofrenia; y la nieta de ambos, menor de edad, quien visita la casa con frecuencia aunque no reside ahí de forma permanente por cuestiones de custodia. "De la noche a la mañana me quieren echar a la calle. Es injusto", denuncia.
"Este barrio cuida de sus vecinos", "aquí vive una vecina, no un problema" son varios de los lemas que han portado residentes de la zona este viernes en una atención a periodistas en la que Almudena ha dado a conocer su caso, junto a Toni Morillas, portavoz adjunta de Con Málaga, y Rosa Galindo, portavoz de Un Techo por Derecho.
"Va a salir bien", anima un vecino a Almudena, que no puede contener las lágrimas. "Estoy en contra de la okupación, pero a los bancos y al Instituto [Municipal de la Vivienda] que les den", exclama una mujer: "No es normal. Hay que atacar a los bancos porque hay un problema de vivienda, criaturas en la calle y pisos vacíos".
Si, finalmente, el Instituto Municipal de la Vivienda sigue adelante con el desahucio, Almudena y sus vecinos plantarán resistencia. Han trasladado a este medio su intención de montar "una barricada" y taponar el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la vivienda. Actuarán "sentados, pacíficamente, sin pegar a la policía", explican los vecinos.
"No me voy a ir". Almudena avisa que no saldrá de su hogar sin una alternativa habitacional. Explica que teme cómo le puede afectar la situación a su marido, que sufre de esquizofrenia: "Ya se intentó suicidar por esto".
Rosa Galindo, coportavoz de Un Techo por Derecho, llama a la concentración de los vecinos el próximo martes a las 9.00 horas contra la actuación de un Ayuntamiento que "desprotege a las familias" y "se ha convertido en el brazo ejecutador de los desahucios en vez de ser el garante de los derechos".
La también coportavoz de Partido Verde (antes Verdes Equo) en Andalucía dice "no entender cómo, ante un caso tan claro y limpio", el Consistorio no negocia para "regularizar el contrato" porque "no hay ninguna ley que lo impida". "Con una sentada se solucionaría", apostilla.
"Si el Ayuntamiento no tiene voluntad política, porque es cuestión de voluntad política, nos tendrán haciendo resistencia", advierte Galindo. "Almudena se queda".
Morillas ha mostrado el "total apoyo" del grupo municipal de Con Málaga a Almudena porque "no es comprensible que el Ayuntamiento llegue 23 años después para dar una patada y echar a su familia a la calle".
De este modo, ha pedido "la paralización inmediata del desahucio" y que "se sienten a negociar con Almudena un plan de pago que pueda resolver esta situación".
Almudena se queda 📣📣
— Toni Morillas (@antoniamorillas) March 13, 2026
El Ayuntamiento de @malaga no solo no garantiza el derecho a la vivienda sino que encima, se ha convertido en un casero que desahucia a familias vulnerables.
No es un caso aislado.
Si el PP desahucia, nos encontrará enfrente. pic.twitter.com/SAHXQRmRdM
"El Instituto Municipal de la Vivienda no sólo no está cumpliendo la obligación que tiene de blindar una alternativa habitacional a las personas que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social, sino que se ha convertido en un casero que desahucia", ha criticado la también coordinadora provincial de IU en Málaga.
Por último, Morillas ha reclamado el "compromiso" del Consistorio para que "ninguna promoción de Vivienda de Protección Oficial que cuente con financiación pública sea concedida por criterios como el orden de llegada o por un sorteo" y pase a depender de "criterios de necesidad social".
