Mientras suben en las encuestas, de cara a la galería, Vox se encuentra en una de sus crisis internas más mediáticas. El Comité de Garantías de la formación ha anunciado la expulsión de uno de sus fundadores y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid por "cometer una infracción muy grave". Ortega Smith se negó a abandonar su cargo, lo que provocó un expediente por "desobediencia" y una suspensión de su militancia. 

Hasta el momento, Vox no ha podido sustituir a quien fue uno de sus fundadores, pues esta decisión corresponde al grupo municipal y dos de los cuatro concejales restantes se negaron a acatar las ordenes del órgano central. El partido ha decidido expedientar a los detractores —Carla Toscano e Ignacio Ansaldo— y, una vez que los expulsen, se convertirán en ediles no adscritos y Vox se quedará solo con dos representantes en el Consistorio.

Ortega Smith lleva semanas reivindicando su función dentro del partido de extrema derecha desde su fundación y ha decidido llevar este caso a los tribunales. Según sus palabras, la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de cesarle como portavoz municipal es ilegal, ya que la competencia para nombrar este cargo corresponde al grupo municipal y no al partido. Mostró su carnet de afiliado número seis frente a los medios, alegando ser "un fundador". Fue durante seis años mano derecha de Santiago Abascal, hasta que comenzaron a distanciarse desde su sustitución por Ignacio Garriga como secretario general de la formación.

Expulsión de José Ángel Antelo 

El Comité de Garantías,  anteriormente mencionado, ha abierto un "expediente disciplinario" contra José Ángel Antelo, diputado de la Asamblea de Murcia y, de manera cautelar, han provocado la suspensión de la militancia e inhabilitación para ejercer "cualquier cargo" dentro de la formación. Todo ello, por las declaraciones que viene dando desde el 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una "grave crisis de cohesión interna".

La realidad va más allá, según la Agencia EFE, Antelo habría realizado gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para intentar beneficiar a su esposa con la urbanización de unos terrenos inundables que no estaban legalizados. La dirección nacional consideró que esas actuaciones fueron suficientes para retirarle el apoyo político.

A todo esto, Antelo denunció un presunto delito de falsedad documental por parte de Vox, cuando supuestamente se le notificó que había firmado una solicitud de cambio de portavoz con sus datos personales sin su consentimiento. 

Vox ha respondido ante esta acusación, como es habitual, tachando de mentiras los supuestos hechos. Según el comité, son actos con una "evidente intención de menoscabar" el "prestigio y la legitimidad" de la organización.