Ana y Juan hojean un archivador. Ya se lo conocen de memoria: resoluciones judiciales que no llegaron a ningún puerto, informes médicos, correos con la Iglesia... Durante años, esos papeles fueron la prueba de que su hijo decía la verdad. No llamaba la atención. Ni tenía malas intenciones. En esta casa, cuando la cena está servida, ya no se reza. Ellos se han convertido en el punto de partida para otras familias que, desesperados, llaman a su puerta en busca de ayuda. Los testimonios suelen comenzar igual: "No sé si lo que os voy a contar es lo suficientemente importante, pero...".

Hace ocho años solo había 34 casos registrados de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española. Hoy, El País registra en su base de datos que 2.951 personas han sufrido pederastia en este ámbito y 1.571 clérigos, junto a otros tipos de trabajadores, han sido acusados, mientras que el Defensor del Pueblo estima hasta 440.000 víctimas. Ana y Juan, madre y padre, no son contabilizados en esa cifra, pero también son víctimas. Su hijo, Juan Cuatrecasas, fue objeto de agresiones sexuales de alta gravedad por parte de un profesor del colegio Gaztelueta (Bilbao), perteneciente al Opus Dei. Con 16 años, en 2012, su familia fue pionera en alzar la voz ante la opacidad de la jerarquía eclesiástica. Seis años más tarde, los hechos quedaron probados, pero en 2020 el Tribunal Supremo rebajó la pena al agresor, pese a no cuestionarse la veracidad de la denuncia original. 

Ana y Juan son ahora presidenta y portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), una organización que lleva años librando una batalla incansable para escuchar a los que callaban. Se han reunido con Félix Bolaños, ministro de Justicia, y han participado en el último informe del Defensor del Pueblo, pero dan las gracias, con una sonrisa de oreja a oreja, por ser entrevistados en UNIVERSITAS: "Los medios sois nuestra voz, gracias, de verdad". Y no sorprende, porque han guardado silencio durante mucho tiempo, pero el secreto ya empieza a desvelarse. Las víctimas son cada vez más valientes. "Cada uno luchaba en solitario, pero nos teníamos que unir para defendernos y lograr derechos y reparaciones para quienes sufrieron", explica Ana.

La Iglesia alardea de paz, pero siempre ha respondido a estos casos con negaciones, explicaciones supeditadas a supuestas patologías mentales del agresor de turno y minimizaciones de lo ocurrido, que a menudo etiquetan como "episodios aislados". A veces, el cura que agredió sexualmente a un niño ya está muerto. En otras ocasiones, la víctima no recuerda su apellido, pero sí su rostro cuando se traslada a las memorias de su infancia. Según El Mundo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se justifica alegando que es un órgano colegiado y que, por tanto, no es asunto suyo. "El principal obstáculo que bloquea el esclarecimiento de estos delitos son ellos mismos, la Iglesia, y fundamentalmente la directiva de la CEE. Nos hemos reunido muchas veces, pero siempre ponen un muro", ratifica Ana. Juan, su marido, añade que el clero nunca colabora en las investigaciones y que "siempre se posiciona del lado del agresor". 

Un informe del Defensor del Pueblo refleja que en el 71% de los casos el perpetrador es un sacerdote, siendo en el 64% el director espiritual de la víctima. Asimismo, el 89,7% de las víctimas no son reconocidos como "adulto vulnerable" por la Iglesia. Ante estas manipulaciones y el desapego, las asociaciones juegan un papel clave a la par que altruista: "Primero escuchamos y luego aconsejamos. Preguntamos si han tenido terapia. Ellos suelen preguntar por un abogado, pero es importante el recurso de psicólogos y psiquiatras. A la Iglesia, por ignorancia o mala fe, esto le queda muy grande". 

Nunca han estado a la altura. Luís Argüello, arzobispo y presidente de la CEE, siempre nos dice que sí a todo y luego nos miente. Está continuando su exterminio

Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR

Un abuso sexual, en cualquier entorno, no es casual. Empieza mediante el control, de conciencia y espiritualidad, que abre el camino a la relación sexual no consentida. Manipulan, extorsionan y distorsionan la realidad hasta límites insospechados. Convierten a la víctima en un instrumento. El clero abre un correo electrónico para controlar estos escándalos y gestionarlos con discreción, pero cuando hay que dar la cara frente a las asociaciones, se achantan. En 2023, la Iglesia presentó por primera vez un documento que incluye toda la información recibida sobre pederastia, en el que se recoge que desde la década de los 40 hasta finales de 2022 se han recibido 728 testimonios de abusos contra menores o personas vulnerables. Según precisa el informe, la orientación de los casos es mayoritariamente de carácter homosexual masculino.

La versión de la Iglesia

Nos atiende Miguel García Baro, coordinador del proyecto 'Repara', impulsado por la Archidiócesis de Madrid. "Te aseguro que somos plenamente independientes. La garantía somos nosotros mismos, nuestra conciencia", asevera. No existe un órgano superior que supervise la transparencia de esta asociación.  Explica que, cuando un sacerdote es acusado, "se pone directamente en manos de la cancillería del arzobispado". Según investigaciones de El País y DW, esto suele terminar con un envío del delincuente a América Latina. Planteamos a 'Repara' la misma pregunta que a ANIR: "¿Copera la Iglesia en las investigaciones?", y la respuesta que recibimos es totalmente distinta: "Por lo que yo he visto sí, colabora radicalmente". 

Tal vez radique aquí el problema. Mientras las víctimas conciben la Iglesia como un obstáculo que daña, las voces de esta echan balones fuera y se cuelgan medallas. Tal vez se necesita un análisis desde las instituciones eclesiásticas que salve las distancias con la fe. Tal vez, algún día, la fe y la impunidad no serán cómplices.