Juanma Ponferrada
Al menos 62 familias y 432 personas han sido desalojadas este martes en Manilva (Málaga). Menores, jubilados, personas vulnerables o con discapacidad han sido víctimas de una ejecución hipotecaria a pesar de haber estado pagando un alquiler durante más de diez años. Todas ellas vivían en una promoción de la urbanización Sol y Golf de la localidad, localizada en la calle Sarmiento.
20 vehículos y entre 50 y 70 efectivos de la Guardia Civil han participado en el desahucio tras cuatro horas de resistencia y manifestación de numerosos vecinos y colectivos sociales como Un techo por derecho, Málaga para vivir o el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Tras el desalojo, protestaron también frente al Ayuntamiento de Manilva, que no ha ofrecido una alternativa habitacional.
Una empresa resultó adjudicataria en 2023 de las fincas, tras haber adquirido la deuda de un préstamo solicitado en 2014. Ese préstamo lo había pedido en realidad una de las promotoras que construyó la urbanización a una entidad bancaria, pero finalmente no lo devolvió y el crédito se fue traspasando entre bancos y fondos. La actual propietaria, la que ha resultado adjudicataria, solicitó el desalojo por la vía judicial. "Los ocupantes no tienen título legítimo para permanecer en los inmuebles", resolvió la justicia en abril de 2025, fechando la ejecución del desalojo para los días 10, 11 y 12 de febrero.
El desahucio de las familias estaba previsto para inicios ese mes, aunque finalmente se ha practicado a finales de marzo. Este medio ha tenido acceso a la decisión del tribunal que suspendió el primer lanzamiento ante un oficio que hizo la Guardia Civil, pues los agentes alegaron que no tenían los efectivos y medios necesarios:
María Martín vive en la urbanización con sus hijos desde hace once años. "Aquí han nacido mis hijos, mis nietos, mis bisnietos… no va a venir aquí un fondo buitre a echarnos de nuestro pueblo. Aquí tengo los contratos, no somos okupas", sentencia. María lamenta la actitud de las autoridades políticas a las que los vecinos han acudido, que no han mostrado especial interés en resolver su situación.
Laura Constanza, otra de las afectadas que ha hablado en representación de sus vecinos, califica la situación de "urgencia humanitaria". Laura llegó hace seis años a España para buscar un futuro mejor para ella y sus tres hijas. A pesar de ser también víctima de violencia de género y madre soltera, asegura que los servicios sociales no le brindan ninguna ayuda aún teniendo un certificado de vulnerabilidad. Ana, Laura, María, Carmen, Somaia, Fátima, Nerea… son solo algunos de los nombres de las víctimas de este drama al que ninguna administración parece querer poner solución.
