El debate sobre la inmigración volvió al del pleno municipal de Santander del pasado 26 de febrero tras la presentación de una moción de VOX contra la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España. La propuesta, que incluye medidas de control del padrón, restricciones de acceso a ayudas y mecanismos de deportación, generó un fuerte choque político en el Ayuntamiento.

VOX denuncia un “efecto llamada” y reclama deportaciones y prioridad nacional

La moción de VOX rechaza la regularización de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular y sostiene que procesos similares han provocado “un efecto llamada permanente”. El documento afirma que la inmigración masiva “sobrecarga los servicios públicos”, incrementa la inseguridad en las calles de la ciudad y deteriora la convivencia. Entre sus propuestas figuran auditorías del padrón, deportaciones de "inmigrantes ilegales" y prioridad para "los nacionales" a la hora de acceder a ayudas y servicios públicos.

VOX también plantea eliminar subvenciones a entidades que, según su criterio, “promuevan o faciliten la inmigración ilegal”, endurecer el arraigo y suspender la cooperación con países que no colaboren en repatriaciones.

El PP presenta una enmienda que endurece el acceso a servicios públicos

Aunque la moción no fue aceptada en su totalidad, el Partido Popular presentó una enmienda que asumía parte del marco que ha planteado VOX. Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de exigir cinco años de cotización a inmigrantes legales para acceder a servicios públicos como sanidad, educación, transporte o servicios sociales.

La enmienda también ha planteado suprimir ayudas a inmigrantes en situación irregular —salvo las estrictamente humanitarias— y eliminar subvenciones a organizaciones que, según el partido, faciliten la inmigración ilegal. Además, defendía una política migratoria “firme, ordenada y acorde a las necesidades del mercado laboral”.

IU acusa al PP de legitimar el discurso de VOX

El partido de Izquierda Unida criticó duramente la postura del Partido Popular. El concejal Keruin Martínez afirmó que el PP ha decidido “comprar el marco xenófobo de VOX” y calificó la enmienda como “una ignominia”. Según IU, el PP está rompiendo consensos democráticos básicos y normalizando discursos basados en “la mentira y el señalamiento”.

Martínez subrayó que exigir cinco años de cotización a inmigrantes legales para acceder a servicios públicos crea “ciudadanos de primera y de segunda”. Recordó que las ayudas públicas se conceden por necesidad y que no existe ningún privilegio por el origen de las personas. También compartió su propia experiencia como inmigrante nacionalizado, afirmando que nunca recibió trato de favor.

El debate sobre seguridad: medios, planificación y convivencia

VOX vinculó la inmigración con los problemas de seguridad, pero IU rechazó esa relación. Keruin señaló que el principal problema de Santander es la falta de medios y de planificación en la Policía Local, y criticó al equipo de gobierno por incumplimientos y falta de negociación con los trabajadores.

“El problema de seguridad en Santander no se arregla con la caza del padrón”, afirmó. Defendió que el padrón es una herramienta administrativa y que cualquier fraude debe abordarse de forma individual, sin generar sospechas generalizadas sobre colectivos enteros.